El sector de la discapacidad se encuentra en estado de alerta tras considerar insuficientes los aumentos ofrecidos por el gobierno de Javier Milei. Durante una reunión del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, la propuesta gubernamental quedó por debajo de las demandas del colectivo, generando preocupación y rechazo.
Aumentos Propuestos: Detalle y Críticas
La oferta del gobierno consiste en incrementos escalonados para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para servicios como transporte, rehabilitación, hogares y residencias, se propone un 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, sumando un total acumulativo del 35,43%. Para otras prestaciones, los porcentajes ofrecidos son 12%, 8,25% y 7% respectivamente, alcanzando un 29,73% acumulado.
Sin embargo, estas cifras fueron consideradas “claramente insuficientes” por el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La organización denuncia que los aumentos no compensan la inflación acumulada, los costos operativos reales y la profunda crisis que atraviesan los prestadores de servicios. El representante de los prestadores en el directorio votó en contra de la propuesta oficial.
Ley de Emergencia en Discapacidad: Incumplimiento y Reclamo
Un punto central de la controversia es el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplias mayorías en el Congreso y luego vetada por el Poder Ejecutivo. El sector exige la aplicación de esta ley, que consideran fundamental para garantizar la sostenibilidad de los servicios y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Próximos Pasos y Posibles Escenarios
Ante esta situación, el sector se declara en estado de alerta y analiza posibles medidas a seguir. La falta de acuerdo en los aumentos y el incumplimiento de la Ley de Emergencia generan incertidumbre sobre el futuro de las prestaciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad. La presión sobre el gobierno podría intensificarse en las próximas semanas, buscando una solución que responda a las necesidades del sector.
¿Qué impacto real tendrán estos aumentos en la calidad de los servicios?
La respuesta a esta pregunta es crucial para entender la magnitud del problema. Los prestadores advierten que los aumentos propuestos no alcanzan a cubrir los costos básicos, lo que podría llevar a una reducción en la calidad de los servicios o incluso al cierre de instituciones.