La Educación Pública Resiste: Paro y Marcha Federal en Defensa de la Universidad
La comunidad educativa argentina se moviliza en respuesta a los recientes vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría. Estudiantes, docentes y trabajadores del Hospital Garrahan han unido fuerzas para defender la educación pública y la salud infantil frente a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Este viernes se llevará a cabo un paro nacional universitario, convocado por diversos gremios docentes, incluyendo la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA). La movilización partirá desde el Congreso de la Nación a las 15:30 y culminará en la Plaza de Mayo, donde se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan, también afectados por los recortes presupuestarios.
En paralelo, se prepara la tercera Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con el debate en el Congreso sobre el rechazo a los vetos presidenciales. La oposición busca convocar a una sesión para revertir el freno a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, además de avanzar con las interpelaciones por el escándalo de coimas en la ANDIS. Recordemos que Se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los que denuncia un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina.
"Existe un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores", afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN. Alertó también sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, que ha sufrido una caída significativa frente a la inflación.
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo acusaciones de lawfare y falta de imparcialidad judicial.
La comunidad educativa se mantiene firme en su reclamo, exigiendo el financiamiento adecuado para la educación pública y la salud infantil, y rechazando las políticas de ajuste que ponen en riesgo el futuro del país.