¡Urgente! CFK y otros deben devolver $684.990 millones: ¿Qué pasó?

La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.

Un informe pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha actualizado el monto que los condenados en la causa Vialidad deben reintegrar al Estado. La cifra asciende a la impactante suma de 684.990.350.139,86 pesos. Entre los implicados se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el ex secretario de Obra Pública José López.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio, había fijado inicialmente en 2022 un monto a decomisar de 86.085.463.548,25 pesos. Esta cifra fue la base para la actualización realizada ahora. La Corte Suprema confirmó las condenas en junio pasado.

Ahora, el TOF2 otorgará a los condenados un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de embargos.

¿Por qué esta suma tan elevada?

La suma reclamada se basa en el perjuicio que se considera probado al Estado Nacional, derivado de la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, como Austral Construcciones. La Corte Suprema, al confirmar las condenas, se refirió a una «fenomenal maniobra defraudatoria» cometida entre 2003 y 2015.

Puntos Clave a Considerar en la Causa Vialidad

  • Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
  • Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
  • Violación del principio de “non bis in idem”.
  • Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
  • Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
  • Celeridad inusual del proceso.
  • Desproporcionalidad de las penas impuestas.
  • Exposición mediática parcial y anticipada del caso.

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