Desde que Alberto Nisman murió en 2015, su caso ha sido un foco de atención constante en el ámbito judicial y político argentino. A 11 años de su muerte, las investigaciones continúan revelando conexiones sorprendentes entre el expediente y el poder ejecutivo. La justicia ha identificado un grupo de agentes militares que estuvieron en el entorno del fiscal en los días previos a su muerte, lo que sugiere una participación directa en el crimen. Según fuentes confidenciales, los agentes militares fueron activamente involucrados en el proceso, con un objetivo claro: ocultar la verdad detrás de un supuesto suicidio.
El caso Nisman no es solo una investigación sobre un crimen, sino un espejo de las tensiones políticas y la falta de transparencia en el sistema judicial. Los peritos recientes han encontrado datos que contradicen las declaraciones de Gils Carbó, la ex procuradora general de la Nación. En 2017, Gils Carbó había afirmado que no tenía contacto con Cristina Fernández de Kirchner, pero las nuevas pericias revelan que, en los días posteriores a la muerte de Nisman, ella mantuvo decenas de llamadas con la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia. Estas llamadas, registradas en dispositivos del área de Nisman, demuestran una participación activa del Gobierno en el proceso.
El objetivo principal de la investigación es determinar quién fue el responsable de la muerte del fiscal. Según las autoridades, se ha identificado un pequeño grupo de agentes que estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman el 18 de enero de 2015. Estos agentes, según fuentes, fueron parte de una red de inteligencia que buscaba desviar la investigación hacia un supuesto suicidio. Los peritos han encontrado pruebas que indican que el cuerpo fue encontrado en el baño de su casa en las torres Le Parc, Puerto Madero, lo que sugiere que el crimen no fue accidental.
El caso Nisman ha sido un tema central en las discusiones sobre la justicia y la democracia en Argentina. Los familiares y amigos de Nisman han expresado su descontento con la falta de avance en el caso, especialmente en los últimos meses. La investigación ha sido desviada por varios actores políticos que buscan ocultar la verdad, lo que ha llevado a un aumento en la tensión social y política.
La investigación de la justicia en el caso Nisman es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser utilizado para ocultar información clave. Los agentes militares identificados están en contacto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que sugiere una participación activa en el proceso. Las nuevas pericias han revelado que Gils Carbó, la ex procuradora general de la Nación, tenía contacto con el Ministerio de Justicia y la Casa Rosada en los días posteriores a la muerte de Nisman. Estas llamadas, registradas en dispositivos, demuestran que el Gobierno estuvo involucrado en el proceso.
El caso Nisman es un caso que ha generado una gran cantidad de controversia en el país. Los familiares y amigos de Nisman han exigido justicia y transparencia, pero la investigación sigue siendo un tema delicado. Los peritos han encontrado datos que contradicen las declaraciones de Gils Carbó, lo que sugiere que el Gobierno estuvo involucrado en el proceso. La investigación ha sido desviada por varios actores políticos que buscan ocultar la verdad, lo que ha llevado a un aumento en la tensión social y política.