Un año después de la crisis por la imposición de la ley marcial en Corea del Sur, las heridas siguen abiertas y el debate sobre la justicia y la polarización persiste. El caso coreano, con la destitución del presidente Yoon Suk Yeol tras un intento fallido de imponer la ley marcial, ofrece un espejo interesante para reflexionar sobre situaciones similares en otros contextos, incluyendo el argentino.
Corea del Sur: Un intento fallido de ley marcial
El presidente Lee Jae Myung conmemoró el aniversario del intento de imposición de la ley marcial, declarando que los responsables de socavar la democracia deben enfrentar la justicia. Sin embargo, la polarización social persiste, con manifestaciones a favor y en contra del ex-presidente Yoon Suk Yeol.
La breve imposición de la ley marcial en Corea del Sur, con despliegue de tropas y restricciones a la prensa, generó amplias protestas y culminó con la destitución del presidente. Este episodio plantea interrogantes sobre el uso de herramientas legales y judiciales con fines políticos.
¿Paralelismos con Argentina? El debate sobre el Lawfare
En Argentina, el término "lawfare" ha ganado relevancia en el contexto de causas judiciales contra figuras políticas, como Cristina Fernández de Kirchner. La Causa Vialidad, que culminó con su condena, ha sido objeto de críticas por parte de juristas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre irregularidades en el proceso judicial.
Puntos clave del debate sobre el Lawfare en Argentina:
- Falta de imparcialidad judicial: Se señalan vínculos entre jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare: Se denuncia una persecución judicial y mediática.
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
ANDIS y sospechas de corrupción que salpican al gobierno actual
Paralelamente, el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con audios que denuncian un esquema de sobornos y comisiones, ha generado controversia. Si bien no hay imputaciones formales, la cercanía de Karina Milei con personas involucradas ha levantado sospechas y pone en tela de juicio la transparencia en la gestión pública.
Tanto el caso coreano como las situaciones en Argentina invitan a reflexionar sobre la importancia de la independencia judicial, el respeto a las garantías constitucionales y la necesidad de evitar la instrumentalización de la justicia con fines políticos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.