La administración Trump se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse un segundo ataque a un presunto barco de narcotraficantes en el Caribe, donde se eliminó a los sobrevivientes del primer ataque. Tanto el expresidente Donald Trump como el entonces Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han intentado distanciarse de la decisión, insistiendo en que no estaban al tanto de la acción militar posterior.
Trump niega conocimiento del segundo ataque
Durante una reunión del gabinete, Trump declaró a los periodistas que no fue consultado previamente sobre el segundo ataque y que, incluso meses después, no había sido completamente informado sobre las circunstancias. "No sabía sobre el segundo ataque. No sabía nada sobre la gente", afirmó. Añadió que confiaba en que Hegseth lo mantuviera al tanto de la situación y que Hegseth estaba "satisfecho" con el ataque inicial de septiembre.
Hegseth se desvincula de la decisión
Por su parte, Hegseth también negó cualquier papel directo en la eliminación de los sobrevivientes. Afirmó haber delegado todas las decisiones operativas al Almirante Frank M. “Mitch” Bradley y que se había retirado del lugar mucho antes de que quedara claro que algunas personas a bordo habían sobrevivido. "Vi ese primer ataque en vivo", dijo Hegseth. "No me quedé durante la hora o dos horas, lo que sea, donde ocurre toda la explotación sensible del sitio digitalmente, así que pasé a mi siguiente reunión".
¿Crimen de guerra? Expertos analizan la legalidad del ataque
Expertos legales señalan que, si el ejército estadounidense mató a los sobrevivientes del ataque, habría cometido un crimen. Independientemente de si Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga, como afirma la administración Trump, un segundo ataque fatal habría violado las leyes de tiempos de paz y las que rigen la guerra.
La controversia ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de las acciones militares estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.