Grave denuncia sacude la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Un escándalo de corrupción ha estallado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con acusaciones que involucran un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. La polémica se centra en audios revelados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, donde denuncia un entramado de comisiones ilícitas.
Según Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente, recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que este esquema generaba ganancias ilícitas de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
Las acusaciones han generado una fuerte controversia y han puesto en el centro del debate la transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios del gobierno.
¿Qué sigue ahora?
La justicia deberá determinar la veracidad de las denuncias y establecer si existieron irregularidades en la compra de medicamentos. La investigación se presenta como un desafío para la administración actual, que deberá demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Se espera que se cite a declarar a Diego Spagnuolo para que ratifique sus acusaciones y aporte pruebas que respalden sus dichos.
- La justicia podría ordenar allanamientos en las oficinas de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina para recabar información relevante para la investigación.
- La oposición política ha solicitado la creación de una comisión investigadora en el Congreso para analizar el caso y determinar si existieron responsabilidades políticas.
Este escándalo podría tener un impacto significativo en la imagen del gobierno y generar desconfianza en la gestión de los recursos públicos. La sociedad espera respuestas claras y contundentes para garantizar que los fondos destinados a la atención de las personas con discapacidad sean utilizados de manera transparente y eficiente.