Ataque a TN: La Justicia Federal investiga vínculos con La Cámpora
La investigación sobre el ataque vandálico al edificio de Artear, donde funcionan TN y eltrece, dio un giro significativo. La causa, inicialmente en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, fue transferida al fuero federal, al considerarse que el delito principal es el de "intimidación pública". Este cambio abre nuevas líneas de investigación y pone el foco en la posible coordinación y motivación política detrás del ataque.
El incidente, ocurrido el 10 de junio, tuvo lugar poco después de que la Corte Suprema confirmara la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Si bien la condena ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos, quienes advierten sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Entre los puntos cuestionados se encuentran la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, ausencia de pruebas directas, desigualdad en el tratamiento de la prueba y la exposición mediática parcial del caso.
Tras la confirmación de la condena, militantes kirchneristas se movilizaron en apoyo a la ex mandataria. Un grupo de estos manifestantes se dirigió a la sede de Artear, donde causaron destrozos, pintadas y rotura de vidrios. Ahora, la investigación judicial apunta a determinar si este accionar fue espontáneo o parte de una estrategia organizada.
Nuevos indicios: Conexiones con La Cámpora
Según un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se detectaron vínculos entre los imputados por el ataque y militantes y dirigentes de La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo. Esta información se suma al análisis de las comunicaciones de los imputados, que reveló contactos con figuras políticas.
Específicamente, se investiga la conexión entre Facundo Nazareno Lococo, uno de los identificados como participante del ataque, y Juan Debandi, concejal de Tres de Febrero y dirigente de La Cámpora. La investigación también analiza la ubicación de Debandi durante los hechos, que lo situaría cerca del lugar del ataque.
La causa judicial continúa avanzando, con la Justicia buscando determinar el alcance de la participación de los imputados y el rol de las figuras políticas mencionadas. La calificación del delito como "intimidación pública" sugiere que la investigación apunta a esclarecer si el ataque tuvo como objetivo generar temor o presión sobre los medios de comunicación.
Implicancias Políticas
Este caso se produce en un contexto político tenso, marcado por la polarización y las acusaciones de persecución judicial contra figuras del kirchnerismo. La investigación y sus resultados podrían tener un impacto significativo en el debate público y en la percepción sobre la independencia judicial y la libertad de expresión.