Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a estar en el centro de la polémica. Su reciente participación como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado controversia por sus declaraciones sobre el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, imputado por delitos fiscales.
La 'deducción lógica' y la ley inexistente
Rodríguez justificó su afirmación de que la Fiscalía había intentado llegar a un acuerdo con González Amador, pero que fue detenido por "órdenes de arriba", basándose en el artículo segundo de la inexistente Ley 60/1981. Según él, la jerarquía del Ministerio Fiscal hacía "lógica la deducción". Este error ha levantado críticas sobre la veracidad y el fundamento de sus declaraciones.
El hombre del pelo blanco y la 'manipulación'
En una entrevista de 2013, Rodríguez admitió que lo que más echaba de menos de la política era "la manipulación, pero no como una expresión mala". Ahora, se le acusa de ser el responsable de filtrar a los medios el bulo del acuerdo entre la fiscalía y González Amador para evitar el juicio por fraude fiscal. Rodríguez se defendió diciendo que simplemente "intuyó" lo que estaba pasando debido a su experiencia.
¿Delincuente o español?
Otra frase polémica de Rodríguez fue: "No es un delincuente. No es un defraudador. Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no se lo ha permitido". Esta declaración ha sido interpretada como un intento de exculpar a González Amador y de victimizarlo frente a la Hacienda pública.
Reacciones y consecuencias
El Partido Popular inicialmente minimizó la importancia de las declaraciones de Rodríguez, pero luego intentó distanciarse de ellas. La controversia ha generado un debate sobre la ética y la responsabilidad de los asesores políticos, así como sobre la influencia de la manipulación en la opinión pública.
El caso sigue abierto y las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez continuarán siendo objeto de análisis y debate en los próximos días. La pregunta clave es si sus acciones se basan en la verdad y la transparencia, o si responden a una estrategia de manipulación para proteger los intereses de sus aliados políticos.