En un contexto marcado por la presión sindical y una reciente intervención judicial, el Gobierno ha oficializado la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La reunión, programada para el 26 de noviembre de manera virtual, busca abordar la urgente actualización del salario mínimo y las prestaciones por desempleo, temas de vital importancia para millones de trabajadores argentinos.
Convocatoria Bajo Presión
La decisión del gobierno de Javier Milei se produce tras la exigencia del Juzgado Nacional del Trabajo N°10, que ordenó al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, explicar la prolongada falta de convocatoria al Consejo. Esta medida judicial responde a una acción cautelar presentada por las centrales obreras CTA Autónoma y CTA de lxs Trabajadorxs, quienes denunciaron el incumplimiento del mandato legal de reuniones bimestrales y la vulneración del derecho al diálogo social.
¿Qué se Discutirá?
En la sesión del 26 de noviembre, los representantes de trabajadores y empleadores, junto con funcionarios del gobierno, deberán debatir y acordar el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil, así como los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Este proceso es crucial, ya que el salario mínimo impacta directamente en los ingresos de aproximadamente 6 millones de trabajadores registrados y en los haberes de programas sociales como el seguro de desempleo.
- Designación de consejeros para la firma del acta.
- Consideración de los temas elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo.
- Determinación del nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil.
- Definición de los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
Un Salario Mínimo Cuestionado
Las centrales sindicales han advertido que el actual salario mínimo, fijado unilateralmente por el Ministerio de Capital Humano, no cumple con los parámetros de legalidad ni garantiza un nivel de vida digno para los trabajadores, tal como lo exigen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La justicia laboral ha puesto bajo la lupa la inacción del Ministerio, exigiendo al Gobierno rendir cuentas sobre esta cuestión central para la economía familiar de millones de argentinos.
La reunión del 26 de noviembre se presenta como una oportunidad para restablecer el diálogo social tripartito y lograr una actualización del salario mínimo que responda a las necesidades de los trabajadores y a los estándares constitucionales e internacionales. El resultado de esta negociación tendrá un impacto significativo en el poder adquisitivo de la población y en la estabilidad económica del país.