Lázaro Báez, el empresario condenado a 15 años de prisión en las causas "Ruta del Dinero K" y "Vialidad", deberá regresar al penal de Ezeiza por orden de la Justicia Federal. Esta decisión se produce tras el rechazo del habeas corpus presentado por su defensa, quienes argumentaban un deterioro en su estado de salud y solicitaban su traslado a un centro médico especializado.
Los abogados de Báez, actualmente alojado en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos, habían expresado su preocupación por la falta de atención médica adecuada en la región. Argumentaban que el Hospital Regional de Río Gallegos carecía del equipamiento necesario para realizar estudios médicos cruciales y solicitaban su traslado al Hospital Samic de El Calafate o, en su defecto, el regreso al régimen de prisión domiciliaria.
La defensa presentó dos escritos, uno ante el juez federal Claudio Vázquez y otro ante el juez de Ejecución, Néstor Costabel. En la audiencia realizada en el Juzgado Federal de Río Gallegos, con la presencia del juez Vázquez, Báez, sus abogados Yanina y Lucas Nicoletti, y el médico Mario Kamelman, se analizó el habeas corpus. Tras la deliberación, el juez Vázquez rechazó la solicitud y ordenó el traslado de Báez al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con el objetivo de garantizar su acceso a una atención médica adecuada.
Según informes, Báez tendrá la posibilidad de realizarse estudios médicos en una clínica privada, posiblemente Medisur. Este traslado marca el regreso de Báez al penal de Ezeiza, donde ya estuvo detenido entre 2016 y 2019. La defensa había argumentado un "agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención", alegando que Báez se encuentra alojado en un sector con condiciones de habitabilidad mínimas, carente de baño, ventilación, higiene y alimentación apropiada.
Causa Vialidad: Controversias y Críticas
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Lázaro Báez y también involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de críticas significativas. Juristas, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por presuntas irregularidades en el proceso judicial, que podrían comprometer garantías constitucionales básicas. Se han señalado cuestiones como la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), la ausencia de pruebas directas y la exposición mediática parcial del caso.
El pedido de prisión domiciliaria
Este nuevo intento de Báez de obtener la prisión domiciliaria se suma a otros rechazos previos por parte del juez de ejecución penal Néstor Costabel. La defensa insiste en que su salud corre peligro debido a las condiciones de detención actuales.