El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia confirmó el regreso de 23 ciudadanos malayos que participaban en la Flotilla Global Sumud (GSF), tras ser detenidos por las fuerzas israelíes durante una misión humanitaria en aguas de Gaza. Los activistas llegaron a Kuala Lumpur el 7 de octubre de 2025, a las 22:07 (hora local), a bordo del vuelo EK342 de Emirates.
Las autoridades malasias expresaron su agradecimiento al gobierno turco por su apoyo en la facilitación del regreso seguro de sus ciudadanos. También extendieron su gratitud a los gobiernos de Jordania, Egipto y Estados Unidos por su colaboración.
En un contexto similar, Mandla Mandela, nieto del difunto presidente sudafricano Nelson Mandela, también regresó a Johannesburgo tras ser detenido y deportado por Israel, que impidió que la flotilla de la que formaba parte entregara ayuda humanitaria a Gaza. Mandela relató haber sido esposado y exhibido públicamente, aunque minimizó su experiencia en comparación con el sufrimiento diario de los palestinos.
Israel, por su parte, niega las acusaciones de maltrato y califica la flotilla como una maniobra publicitaria en beneficio de Hamás, argumentando que los informes sobre hambruna en Gaza son exagerados. Este incidente se suma a la tensión existente en la región, donde la ayuda humanitaria es un tema sensible y politizado.
Repercusiones y Críticas
Estos incidentes han provocado críticas hacia Israel por parte de diversos sectores, incluyendo activistas de derechos humanos y gobiernos que apoyan la causa palestina. Las detenciones y deportaciones de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza son vistas como una obstrucción a la labor humanitaria y una violación de los derechos internacionales.
El Contexto de la Causa Vialidad y las Críticas al Sistema Judicial
Es importante recordar que en Argentina, la Causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ha generado controversia y críticas. Juristas, políticos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la imparcialidad del proceso judicial, señalando posibles vínculos entre jueces y opositores, acusaciones de lawfare, y la falta de pruebas directas contra la ex presidenta. Esta situación pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la justicia en todos los procesos legales, tanto a nivel nacional como internacional.