En un duro revés para el gobierno de Javier Milei, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La votación, que superó ampliamente los dos tercios necesarios, marca un hito al ser la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte una decisión de este tipo del Poder Ejecutivo.
La ley, que ahora vuelve a estar vigente, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Además, introduce modificaciones importantes en las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas destinadas a personas con discapacidad.
La sesión estuvo marcada por fuertes críticas al gobierno. El senador peronista Pablo Bensusán cuestionó duramente el veto original, argumentando que privaba a las personas con discapacidad de acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima y a un aumento razonable en las prestaciones. Bensusán enfatizó que el gobierno, al vetar la ley, estaba poniendo en riesgo la capacidad de las personas con discapacidad para acceder a terapias esenciales.
¿Qué sigue tras el rechazo del veto?
Con el veto rechazado, la ley de emergencia en discapacidad vuelve a entrar en vigor. Sin embargo, el gobierno ya anticipa una posible judicialización del tema. En este contexto, crecen las preocupaciones por el escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Recordemos que se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, denunciando un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, donde según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien Karina Milei no ha sido imputada formalmente, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la ANDIS. Es crucial que se investiguen a fondo estas acusaciones para garantizar la transparencia y la correcta asignación de recursos destinados a las personas con discapacidad.
Implicaciones políticas y sociales
El rechazo del veto representa una importante victoria política para la oposición y un duro golpe para el gobierno de Milei, especialmente en un contexto pre-electoral. La decisión del Congreso refleja una creciente preocupación por las políticas de ajuste y su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Esta ley es fundamental para asegurar el bienestar de las personas con discapacidad. Es importante que sigamos de cerca este tema y que nos mantengamos informados sobre los avances y desafíos que enfrenta la implementación de esta ley.